Gracias al trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), se profirieron fallos a favor de víctimas desplazadas de los municipios El Bagre y Nechí. Con estas acciones se avanza en el proceso de reparación en una de las zonas más azotadas por la violencia en Antioquia.
“Nosotros vivíamos tranquilos y de un momento a otro la vida nos cambió para siempre. Nos amenazaron, nos maltrataron, mataron a nuestra gente y nos tocó salir corriendo para protegernos”. Así inicia uno de los relatos que escucharon los jueces de Montería, que sumados a las pruebas presentadas por la Unidad de Restitución de Tierras, hicieron posibles las cinco sentencias que restablecen los derechos sobre 7 parcelas, que suman 78 hectáreas, y favorecen a 18 personas desplazadas de las veredas Caño Pescado, Correntoso y Londres en el municipio de Nechí y en la vereda Luis Cano en el municipio de El Bagre.
Los fallos reconocen la verdad histórica de hechos vividos por las comunidades, como hostigamientos, amenazas, homicidios selectivos y masacres, que propiciaron el abandono y despojo de sus tierras para el año 2010. Las bandas criminales (Bacrim) han buscado garantizar el transporte de insumos, el tráfico de armas, apoderarse del negocio del narcotráfico y la minería ilegal, prácticas delictivas que dejaron los grupos paramilitares al momento de desmovilizarse.
Por razones de control territorial, las Águilas Negras y Los Paisas entraron en una guerra sin tregua en la cual la población civil se vio obligada a vivir todo tipo de improperios y vulneraciones de sus derechos, hechos que fueron debidamente documentados. El Bajo Cauca antioqueño es una región que por años se ha visto afectada por la presencia de grupos delincuenciales que se han venido diezmando poco a poco gracias a la presencia de la Fuerza Pública en la zona.
En las cinco sentencias, proferidas por los jueces segundo y tercero civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, se entregan medidas de atención y reparación integral para las víctimas. Además, se ordena a la Agencia Nacional de Tierras la titulación de los bienes en los cuales se deben reconocer los derechos de las esposas sobre los predios restituidos. De la misma manera, se otorgan alivios sobre las deudas por servicios públicos.
Gracias al proceso de restitución, en Antioquia se han devuelto a sus legítimos dueños más de 8.500 hectáreas.
